Si consideramos que el gasto total ejercido por el gobierno estatal fue de $45,626,019,736 se puede ver que los ingresos propios únicamente hubieran cubierto el 10% de su gasto. Así que el 90% restante tuvo que ser solventado a través de las participaciones del gobierno federal. Y ahondando en el tema de los ingresos propios, más del 80% de esta recaudación provino del impuesto sobre nóminas

En el ámbito público, las necesidades de los mexicanos claramente superan la capacidad de los gobiernos para satisfacerlas; y una de las causas principales de esta incapacidad es la insuficiencia de  recursos.

Sí, en la mayoría de los casos, más allá de las ideas, los proyectos, la voluntad o la habilidad de los políticos en turno, todo se reduce a la cantidad de dinero disponible en las arcas gubernamentales.

Por ello uno de los temas recurrentes tanto a nivel estatal, como a nivel municipal, es la delgada base de ingresos propios que pueden aplicarse en el desarrollo de proyectos de infraestructura y de programas en beneficio de la sociedad.

En el caso de las entidades federativas y los municipios, su principal fuente de ingresos proviene de las participaciones y aportaciones que les dispersa el Gobierno Federal. Éstas son obtenidas a través de la recaudación de los impuestos propios de la federación, así como de los derechos por la explotación y venta de hidrocarburos. Algunos de los tributos mencionados son recaudados directamente por los estados, y centralizados posteriormente, para formar una bolsa común que después se redistribuirá entre las mismas entidades.

Dada esta centralización tributaria y la minúscula proporción de ingresos propios, en el año 2004 se llevó a cabo la Primera Convención Nacional Hacendaria, donde participaron todos los estados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Derivado del diagnóstico que se hizo de la situación, el cual señalaba una falta de ingresos propios, una centralizada política fiscal, una dependencia excesiva de los derechos de hidrocarburos y graves problemas de evasión y elusión fiscal, se delinearon diversas propuestas que culminaron en una mayor libertad para recaudar impuestos localmente, con el propósito de lograr gobiernos estatales autosustentables.

El resultado fue de poco menos de una treintena de potestades tributarias a nivel estatal, así como propuestas que atañían al ámbito de los municipios, para lograr un uso más eficiente de sus medios de recaudación, a través de la implantación de una modernización catastral para obtener una mejor recaudación del impuesto predial.

De la lectura de las líneas anteriores podría suponerse que el problema de la disminuida recaudación local habría quedado resuelto. Sin embargo, a pesar de contar con 29 instrumentos de tributación estatal, las diferentes entidades federativas aprovechan menos de la mitad de las permitidas por ley.

Incluso se puede aseverar que hay cuatro impuestos que ocupan el grueso de la recolección local: impuesto sobre nómina, sobre hospedaje, enajenación de bienes muebles usados e impuestos cedulares.

En el caso del estado de Guanajuato adicionalmente se recauda el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Sin embargo, del total de los ingresos del estado durante el ejercicio fiscal 2009, los cuales sumaron $44,961,218,573 pesos, el rubro de ingresos propios alcanzó la cantidad de $4,526,972,246.

Si consideramos que el gasto total ejercido por el gobierno estatal fue de $45,626,019,736 se puede ver que los ingresos propios únicamente hubieran cubierto el 10% de su gasto. Así que el 90% restante tuvo que ser solventado a través de las participaciones del gobierno federal. Y ahondando en el tema de los ingresos propios, más del 80% de esta recaudación provino del impuesto sobre nóminas.

Y si se desglosara un análisis como el realizado para nuestro estado, para el resto de las entidades del país, podríamos apreciar que hay localidades que no podrían cubrir ni siquiera el 3% de sus gastos, aunque también existen casos, como el Distrito Federal, en donde la generación de ingresos propios alcanza casi el 40% de sus gastos.

Queda claro entonces que, aunque sea legal y teóricamente, existe una solución viable a la obtención de recursos en el estado. Sin embargo estas herramientas hacendarias se encuentran seriamente subutilizadas. Sin embargo no puede culparse de esta situación exclusivamente a los estados. No es suficiente contar con un marco regulatorio que otorgue mayores instrumentos tributarios a las entidades, ya que el hecho de contar con más impuestos, no implica que los ciudadanos estén dispuestos, o tengan la capacidad de absorberlos y pagarlos.

Ya había mencionado en este espacio que México cuenta con uno de los menores índices de recaudación de impuestos, en términos de su Producto Interno Bruto, en América Latina. Y entonces tendríamos que remontarnos nuevamente a las cuestiones estructurales y culturales que afectan el desempeño de la hacienda pública. El marco legal está dado. Se requiere entonces de un mejor aprovechamiento de las potestades tributarias, pero sobre todo, de una mayor participación ciudadana en los gastos públicos, tal como lo marca nuestra Carta Magna, cosa que será difícil de lograr.

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