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Escrito por LEC Hugo I. Campos Ramírez
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Domingo, 30 de Mayo de 2010 23:44 |
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A un año del fallido y desastroso “michoacanazo”, la PGR se ha metido una vez más en un caso complicado y dudoso que parece obedecer más a fines políticos que judiciales.
La detención en tiempos electorales de Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, candidato a Gobernador de Quintana Roo por la alianza del PRD, PT y Convergencia, viene a aumentar la tensión política existente en el país y en caso de no contar con pruebas contundentes, la siempre socavada reputación de la PGR seguirá desacreditándose aún más ante la población y la opinión pública.
Greg fue detenido en el aeropuerto de Cancún el martes 25 de este mes, acompañado de los presidentes de los partidos que lo están lanzando para Gobernador. Los tres dirigentes y el mismo Greg sabían que la detención tendría lugar en algún momento antes de la contienda electoral, los delitos de los que se le acusa están relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero y además se presume que Sánchez está vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Los depósitos y dinero del candidato no coinciden con sus ingresos declarados por una cifra que ronda los 500 mil dólares, por lo que puede tratarse de una evasión fiscal pues la diferencia entre lo declarado y lo existente no resulta tan sustancial si consideramos que el mercado de drogas en una zona tan popular y turística a nivel mundial como el de Quintana Roo, debe ser inmenso.
Es la primera vez que un candidato a una Gubernatura es detenido.
La PGR se ha valido una vez más de sus testigos protegidos para detener a Greg (Jesús Ortega presume que son los mismos testigos protegidos que ocasionaron el “michoacanazo”).
No importa que la procuraduría siga deteriorando su imagen y que el caso no esté bien fundamentado, lo que parece importar es detener a Greg para que compita con Roberto Borge el candidato priista, aun cuando el caso tenga finalmente un fallo que desmienta las acusaciones contra Sánchez Martínez por falta de pruebas, ya que el caso fue rechazado en Toluca por el juez Roberto Hoyos pues encontró que los argumentos ministeriales no eran suficientes; de tal forma que la PGR volteó sus ojos sobre Carlos Alberto Elorza Amores, quien un año antes había girado la orden de aprehensión contra los alcaldes y funcionarios de Michoacán, posteriormente liberados por falta de pruebas.
Uno de los aspectos que nuevamente sale a relucir es la falta de autonomía de las procuradurías federal y estatales que dependen directamente de los poderes ejecutivos donde radican, situación que ha provocado una falta de veracidad en las acciones penales.
El caso Greg Sánchez pone en entredicho si el Ejecutivo debe continuar siendo el jefe de los procuradores o estos deben ser autónomos, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a los acusados y por supuesto para que la PGR no sea utilizada políticamente mediante el injurio de los candidatos o partidos políticos.
Desconozco si Greg Sánchez es culpable de los delitos de los que se le acusa; sin embargo, la PGR cuenta con una amplia historia de falta de credibilidad, la reputación de la institución está ahora más que nunca por los suelos. Son muchos los casos donde se fabrican culpables y es bien sabido que sus casos no son suficientemente fundamentados, por lo que es común que -a pesar de que los indiciados sean culpables- saldrán libres por la falta de pruebas o incluso porque el juez que gira la orden de aprehensión no ordena el procesamiento del presunto delincuente.
La justicia está siendo impartida con fines políticos. El tema está en la mesa y es necesario hacer las modificaciones para que la procuración de justicia sea más autónoma y no dependa de los poderes ejecutivos.
Aceptaré sus comentarios o sugerencias gustosamente en la dirección electrónica: hcamposrmz@live.com.mx
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