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La educación en México ha sido siempre cuestionada. La calidad (de acuerdo con estándares y pruebas internacionales) es deplorable; incluso es baja respecto de países más pobres y con un nivel de desarrollo menor que el nuestro.
El gobierno (el que se encuentre en turno) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentran en contubernio para no modificar por ningún motivo el sistema educativo mexicano, para preservar el statu quo y mantener al país sumergido en la ignorancia y la mediocridad.
El gobierno federal y el SNTE muestran con bombo y tambor los avances en educación que -según ellos- consiguen año con año.
Según datos oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la cobertura en educación básica supera ya el 98% y la tasa de alfabetización es del 91%. Pero, a pesar de estos datos, las evaluaciones internacionales muestran que la educación pública y privada dejan mucho que desear.
En la prueba PISA para los países de la OCDE, México siempre ocupa el último o, en el mejor de los casos, el penúltimo lugar de la tabla. Los resultados de la evaluación nos dicen que los jóvenes mexicanos realizan con gran dificultad operaciones aritméticas básicas como sumar y restar, y muchos de ellos no pueden dividir y multiplicar; saben leer, pero no comprenden lo que leen y difícilmente poseen conocimientos básicos de cultura general que les permitan desarrollar un sentido común para que en el futuro les garantice un desempeño exitoso en la vida.
Para poder elevar el nivel educativo, es imperativo reducir la fuerza de los sindicatos: SNTE y el del grupo disidente, CNTE. Esto no podrá realizarse de forma sencilla y sin costos políticos; sin embargo, los mecanismos de mercado y la experiencia de otros países nos pueden servir para desarrollar un nuevo modelo educativo mexicano.
Suecia, Holanda, Irlanda e incluso Estados Unidos y algunos países asiáticos han implementado los llamados “vales de educación”, los cuales son otorgados por el gobierno a los padres o tutores de los jóvenes en edad de estudiar. Su éxito radica en la sencillez de su funcionamiento, ya que el vale funciona como dinero únicamente utilizable para pagar la colegiatura en escuelas públicas o privadas (según la preferencia de los padres y después de los alumnos, cuando alcancen edad suficiente) para asistir al bachillerato, universidad e incluso para estudios de posgrado.
El vale educativo es una forma de asegurar un derecho constitucional y al mismo tiempo una forma de regresar de manera eficiente los impuestos a la ciudadanía. Con la emisión del vale, se otorgaría una libertad hasta hoy inexistente para los padres de elegir la escuela que mejor les convenga, sin importar su condición económica. Fomentaría la competencia entre escuelas por atraer a los nuevos consumidores y esa misma rivalidad por conseguir más alumnos que aporten más recursos a las instituciones tendría que elevar inevitablemente (como consecuencia de la competencia y mecanismos de mercado utilizados a favor de la población) el nivel educativo de todas las escuelas.
La elevación del nivel educativo no sólo debe aplicarse a las escuelas públicas, ya que tendemos a pensar que las escuelas de gobierno son las malas, y generalizamos creyendo que las escuelas privadas son buenas. El análisis para soportar dicha tesis sería muy difícil de abordar en este espacio; lo cierto es que en años recientes han surgido una gran cantidad de instituciones privadas muy cuestionables en la calidad de la educación que imparten y que, sujetas a un sistema competitivo, tendrían que mejorar... o desaparecer.
No se necesita ser un genio para darse cuenta de que las mejores inversiones que un país puede realizar son en educación e infraestructura para el desarrollo.
Estados Unidos se convirtió en la potencia industrial que es ahora gracias a la inversión que realizó en los dos siglos anteriores en esos dos rubros.
China, India, Brasil y otras potencias emergentes están siguiendo su ejemplo con algunas variantes ajustadas a sus necesidades.
No se trata de invertir grandes cantidades de dinero, como abogan el SNTE y la maestra Elba Esther Gordillo, que ha utilizado al sindicato para su beneficio propio y grupal. Cuando conformó el Partido Nueva Alianza, la maestra convirtió a su hija en diputada federal en la pasada legislatura y, desde el gobierno de Salinas, se ha hecho inmensamente rica y poderosa. Debido al poder que ostenta, debe ser considerada una amenaza para la seguridad y desarrollo nacional.
México destina el 5.5% del PIB en educación, por encima de países como EUA, Holanda, Austria, Australia, Italia, Irlanda y Alemania, entre otros muchos países desarrollados que tienen una cobertura del 100% en educación, lo que evidencia la mala asignación, despilfarro y mal uso de los recursos.
Se trata de invertir bien y no seguir alimentando uno de los cánceres que tanto daño han hecho al país. No es relevante si la educación es pública o privada, siempre y cuando beneficie el presente y porvenir de los mexicanos.
Los grandes problemas de México han sido originados por la marginación de la población y la falta de educación. Como nación, no nos será posible enmendar nuestros errores ni alcanzar un mejor futuro sin una buena formación académica. Nuestro destino seguirá siendo nefasto sin políticas públicas enfocadas a acabar con el analfabetismo, la mala educación y los agentes que impiden impartir esa educación que los mexicanos se merecen.
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Aclaración adelantada: el vale educativo propuesto en los párrafos anteriores nada tiene que ver con el vale propuesto por el Partido Verde, el cual, a mi juicio, sólo representaba una estrategia electorera mal fundamentada y no incluía mecanismos de mercado para lograr los efectos descritos en este espacio.
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