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Probablemente usted no se enteró, pero hace apenas unos días inició el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, ése donde nuestros diputados federales y senadores trabajan –o deberían de- ordenadamente, para la modificación, creación o derogación de leyes federales que rigen nuestro día a día.
La percepción pública otroga a los legisladores la peor de las calificaciones entre toda la ralea de funcionarios públicos del Estado mexicano.
Y esta percepción no es injusta ni está para nada alejada de la realidad: de las tres formas en que se reparte el poder en nuestra nación, ésta, la de los legisladores, es la que menos retribuye a la población.
Si no, comparémosla con los otros dos poderes.
Al Ejecutivo, que está depositado en el Presidente de la República, le corresponde operar cotidianamente las reglas y administrar los recursos que mal que bien suscribe y le otorga el Legislativo.
Favorable o desfavorable, la opinión ciudadana acerca del primer mandatario de la Nación encuentra cierta simpatía y consideración de sus gobernados.
El otro poder, el Judicial, a quien también se le critica en su desempeño, al menos se le reconoce que mantiene funcionando una ingente estructura legal que dirime conflictos civiles y penales, de la naturaleza que sea. Desde ministerios públicos, defensorías de oficio, actuación y atingencia de investigadores... Y hasta los dictámenes de los jueces, también se reconoce que de alguna manera se logra mantener la seguridad y la paz social tan relativas como pueden serlo en un país donde la inequidad llega a niveles inconcebibles.
Modificar y acotar los alcances del Poder Ejecutivo y del Judicial, es competencia del Legislativo, es decir de diputados y senadores. Y justamente sobre ellos recae la peor percepción pública de su desempeño: hace años, muchos años, que los legisladores no aportan nada relevante para nuestra Patria, del lado que usted quiera verlo.
La inoperancia, la inutilidad, el rezago en el que nos tiene hundidos este poder de la República, en los últimos años ha incidido notoria y muy negativamente en la vida de cada uno de nosotros: los grandes desafíos nacionales podrían ya haber encontrado su solución justo ahí, en donde deberían de gestarse las urgentes reformas de Estado.
Porque las leyes que hoy nos rigen pertenecen ya a otro momento histórico, a otra condición de país, a otra generación... pero, con mucho, están rebasadas y además lo están sin explicación, pues dar viabilidad y rumbo correcto a los cambios tampoco significa "descubrir el hilo negro". Bastaría con importar ejemplos de las democracias tal como operan en las grandes naciones desarrolladas.
En el tema económico y fiscal hay soluciones factibles que nos tendrían ya incluso en el acelerado dinamismo económico de una nación que puede ser, pero que nunca ha sido.
Frenados los cambios por un Legislativo esclerótico, no se da cuenta el actual Congreso de la Unión de que, a pesar de que la recaudación fiscal se triplicó en 10 años, los índices de pobreza, de competitividad y de bienestar económico, siguen siendo los de un país de segunda.
La solución, pues, no ha sido la de recaudar más, sino que tendría que haber sido la de eficientar la administración pública, la de anular desproporciones del gasto corriente y de la inversión gubernamental: es increíble observar cómo ciertas dependencias y organismos federales reciben miles de millones de pesos al año, mientras que las principales ciudades viven con presupuestos de miseria.
Enhorabuena por este periodo legislativo que inicia, pero ojalá que no se distraiga con puntos de acuerdo o leyes como aquella que no hace mucho tiempo publicitaron los propios legisladores: la del control de los tatuajes, como si fuera una prioridad nacional.
Si nada cambia, será otro periodo perdido más. Que no les sorprenda entonces la pobre percepción que tienen de ellos sus gobernados.
Hasta el próximo lunes.
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