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Iniciado ya el proceso electoral llega para los medios de comunicación un periodo nuevo, que basado en la mas reciente ley electoral se señala, palabras mas, palabras menos, que quedan (quedamos) obligados a no hablar mal, a no criticar, a no señalar a ningún partido político o alguno de sus candidatos a pesar de la calidad de sus propuestas, carrera o alguno otro angulo digno de un análisis.
De lo contrario, los que no acaten la flamante legislación, serán procesados por la mismísima procuraduría creada para atender los delitos electorales.
Esta infame ley -originada desde luego por los mismos partidos políticos para consolidar la actual partidocracia que nos gobierna- crea un periodo donde la libertad de expresión queda amordazada, con el fin de que sus gobernados reciban solo aspectos positivos y propositivos durante el periodo actual, tan brillantes y útiles como los que han iniciado ya en diversos spots en medios electrónicos.
Sera la primera vez que para una sucesión presidencial este candado –por llamarlo de una forma- limitara a los medios en su capacidad de señalar aspectos negativos de quien se les de su gana.
La primera vez pues que existe una ley escrita que confirma un autoritarismo para protección propia del actual régimen, pero desde luego que no será el primer periodo de la historia moderna de nuestro país donde la autoridad –sin escrito alguno de por medio- compro, obligo, coacciono o amenazo a los medios a ocultar lo mediocre, negativo o abusivo que podía ser un sistema de gobierno completo.
No hace mucho tiempo y durante varias décadas, el autoritario control de medios que se vivía y sabía manejar a la perfección el anciem régimen priista, lograba –sin ley de por medio- controlar la prensa escrita y a los medios electrónicos para proteger y simular una supuesta democracia: existían candidatos, elecciones y desde luego siempre el conveniente ganador sin que nadie públicamente se atreviera a “romper una taza” durante el proceso.
Llegada la democracia a nuestro país y la misma que obliga a una competencia entre diversos partidos, vieron la necesidad de blindar los procesos electorales desde sus vísperas para evitar, según ellos, el encono de los votantes. Demeritando la competencia electoral a casi un tramite obligatorio para la vida de nuestro país.
Esta protección legal, que se justifico y debemos agradecer evitará una casi guerra civil entre los mexicanos, lo único que garantiza es que las debilidades de los partidos y sus candidatos difícilmente permearan ante la opinión publica, garantizado que aunque un verdadero inepto sea postulado a un importante cargo de elección popular, sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta y mientras tanto uno u otro partido garantice la continuidad electoral.
La ley protege la permanencia y porvenir de los partidos políticos per se, que cargados todos ya de un gran lastre político por el ejercicio propio de gobernar y hacerlo mal, les garantiza que en el momento medular en que se puede procurar un cambio, al menos en los medios masivos de información no sea la libre expresión la que altere las expectativas de los votantes.
Hasta el próximo lunes.
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