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Plataforma electoral 2012-2018 (II)
Continuando con el artículo del 26 de diciembre de 2011, aspecto fundamental para la sociedad es el relativo a la rendición de cuentas de los poderes públicos; por tanto, la plataforma electoral establece que la transparencia y la rendición de cuentas son principios básicos del estado de derecho y que dan certidumbre a nuestro régimen democrático.
Sin información pública, los ciudadanos no pueden valorar objetivamente la gestión de sus gobernantes y, al mismo tiempo, los gobiernos no pueden obtener información completa sobre las demandas y exigencias de la sociedad civil organizada.
Luego entonces, estimado lector, una sociedad democrática y funcional debe construirse con base en el debate público e informado, razón por la cual el gobierno tiene el deber de socializar la información pública, mejorar su calidad y propiciar las bases de veracidad para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los asuntos públicos.
Por tanto, se hace indispensable el garantizar el acceso de la información pública hacia la ciudadanía, a fin de que esté informada, no sólo de la aplicación de los recursos públicos, sino también sobre el por qué de la toma de decisiones para la integración de proyectos gubernamentales, así como de lo que al final de cuentas es fundamental para el ciudadano, los resultados.
En tal sentido, para lograr un gobierno transparente que rinda cuentas, se propone:
*Otorgar mayores atribuciones al IFAI, a efecto de que, en un marco de autonomía, tenga facultades para alertar a la Auditoría Superior de la Federación sobre las áreas de opacidad que detecte por negación, presentación incompleta o declaración de inexistencia de la información pública.
*Fortalecer las áreas de información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, capacitando a las personas encargadas de estas, a fin de establecer el dominio público de la información que está en manos del Estado, así como los medios legales para responder en tiempo y forma a las peticiones de la ciudadanía.
*Revisar el marco jurídico del sistema de compras, adquisiciones y obras públicas, flexibilizando y transparentando las normas de contrataciones del sector público.
*Facultar el ejercicio y la efectividad del servicio público, así como elevar las sanciones y los castigos por la comisión de actos ilícitos.
*Establecer un sistema de rendición de cuentas que combata la corrupción, evite la impunidad y promueva la transparencia de las instituciones gubernamentales, involucrando a la sociedad.
*Impulsar un sistema nacional de fiscalización, con la finalidad de establecer parámetros uniformes en el sistema de rendición de cuentas, en lo relativo al gasto público federal.
*Combatir la corrupción en el servicio público, privilegiando las acciones preventivas a las correctivas y disminuyendo la discrecionalidad con sistemas de auditoría eficaces.
*Promover la actualización del marco jurídico que regula los procesos de programación, presupuesto, planeación y control, con el objetivo de que el desarrollo de sus actividades se construya con un horizonte de largo plazo.
La esencia de lo anterior, estimado lector, considerando que en nuestro país el proceso para adoptar una cultura de transparencia y rendición de cuentas ha sido lento y, en muchos casos, simulado, privilegiando más la estadística que la calidad y oportunidad informativa, es el asumir la responsabilidad para construir mecanismos más eficientes para que los ciudadanos sean cada vez más partícipes de los procesos de control, fiscalización y de seguimiento de la aplicación del gasto público y de sus resultados.
En tal sentido, la propuesta es encabezar un gobierno con cero tolerancia a la corrupción, que rinda cuentas a la sociedad con transparencia, que cumpla con su mandato y que cueste menos a los contribuyentes.
Aunado a lo anterior y con el fin de mejorar los procesos de la administración pública federal, se propone:
*Crear un sistema de atención ciudadana eficiente que garantice la respuesta inmediata a los ciudadanos.
*Impulsar la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites y servicios en el sector público.
*Establecer una red nacional de ventanillas únicas para facilitar la instalación, operación y desarrollo de las micro, medianas y grandes empresas.
*Presentar una nueva Ley de la Administración Pública y modificar la Constitución para incluir una forma moderna de organización del aparato burocrático.
Estos son algunos de los aspectos que consideré importante destacar y que habrán de ser planteados durante las próximas campañas políticas, a través de quienes sean nuestros candidatos.
Estimado lector, al agradecer siempre el favor de su atención, aprovecho para desearle a usted y a todos los suyos un venturoso año en el 2012.
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