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Como definición se establece que un Estado laico o Estado secular se le denomina al Estado y, por extensión a una nación o país, independiente de cualquier organización o confesión religiosa y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada y donde las creencias religiosas no deben influir sobre la política nacional.
En un sentido estricto, la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier asociación religiosa en la acción de gobierno, ya sea en el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial; en un sentido laxo, un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna de estas.
México fue el primer país latinoamericano que implantó un Estado laico, a través de las Leyes de Reforma generadas entre 1833 y 1860, plasmadas tanto en la Constitución de 1857 como en la Constitución de 1917, en donde su artículo 130 establecía que “La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias”.
Sin embargo, con el devenir del tiempo y en la búsqueda de transitar hacia una participación democrática más plural, mediante reformas efectuadas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales, se dio el reconocimiento del Estado a la Iglesia cuando se expidió en 1992 la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual daba carácter jurídico a las Iglesias.
Y si bien las modificaciones a las llamadas Leyes de Reforma fueron pensadas en relación con la Iglesia Católica, lo cierto es que necesariamente debieron ampliarse a las demás asociaciones religiosas que existen en nuestro país; ello, sin duda, marcó el inicio de una nueva etapa en la relación Estado-Iglesia y, en donde el legislador consideró que dichos cambios no alteraban el espíritu laico mexicano y, al mismo tiempo, permitían establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, sin que esto afectara la política exterior de México.
Comento a usted lector lo anterior, con motivo de la próxima visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país, quien conforme a lo informado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el avión papal aterrizará en el aeropuerto de Guanajuato, la tarde del viernes 23 de marzo de este año y allí será recibido por el Presidente de la República; el sábado 24 de marzo el Papa se trasladará a la Casa del Conde Rul, sede de representación del gobierno del Estado de Guanajuato, para una visita de cortesía con el Presidente de la República y una delegación oficial y, al finalizar el encuentro, saludará y bendecirá a los fieles católicos en la plaza de la Paz de nuestra ciudad de Guanajuato; finalmente, el domingo 25 de marzo por la mañana, en el parque Bicentenario en Silao oficiará una misa multitudinaria en la cual podrán participar más de 500 mil personas y, por la tarde está previsto el rezo de las vísperas con todos los Obispos de México y representantes de los Episcopados de Latinoamérica.
No puedo dejar de considerar la importancia del acontecimiento, en particular para nuestro estado de Guanajuato al ser la sede de esta visita papal, además considerando que México es el segundo país con más católicos del mundo y, conforme los datos del INEGI del Censo 2010, profesan la fe católica alrededor del 83.9% de la población, resaltando entidades federativas como Guanajuato, Jalisco y Querétaro, en donde la Iglesia católica aglutina en su seno a más del 90% de las preferencias religiosas.
Sin embargo, el que se efectúe a tres meses de la realización de los comicios federales y locales del 1 de julio de 2012, me motiva a solicitar tanto a quienes ejercen la acción de gobierno federal como del gobierno de Guanajuato, a ponderar estrictamente el carácter religioso de dicha visita y no utilizarla con fines electorales, ya que en última instancia, dentro de quienes se constituyen como fieles católicos, existen muchos que también tienen la figura jurídica de electores.
Estimado lector, considero que en la actualidad, la independencia del ámbito terrenal y el ámbito espiritual no implica animadversión ni querella, ya que la separación de potestades entre el Estado y la Iglesia reglamentada en nuestro país, debe implicar una sana colaboración y, sobre todo, un permanente diálogo entre la esfera civil y el aspecto religioso, mediante el respeto mutuo y una cooperación transparente a partir de dos objetivos fundamentales: la libre existencia de cada ámbito y la firme cooperación en bien del país.
Luego entonces, como dirigente estatal del PRI en Guanajuato, a los actores políticos que participarán en la visita del Papa Benedicto XVI, les solicito que den muestra del significado de nuestro país como Estado laico, no sólo en el discurso sino también en los hechos, al no aprovechar políticamente dicho suceso en los próximos comicios, en el entendido de que el respeto a la libertad de culto es el respeto a la pluralidad social.
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