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En anteriores artículos, en mi carácter de dirigente estatal de mi partido político, me he referido sobre aspectos como el significado de los órganos de dirección, la conformación de la plataforma electoral y parte de su contenido, los procesos de selección de candidatos y los tiempos de campaña, en torno de lo cual el PRI ha venido trabajando a nivel nacional, estatal y municipal, con el propósito de conformarnos como una opción política verdaderamente competitiva en los próximos comicios del 1 de julio de 2012.
Pero, bajo ese contexto, es cierto que también asumo mi carácter de ciudadano y es por ello, estimado lector, que en esta ocasión quisiera reflexionar con usted respecto del papel que los ciudadanos debemos tener antes y después de los procesos electorales.
En este sentido, algunos juristas definen que: “La ciudadanía es la capacidad otorgada por la ley para participar en los asuntos políticos del país”.
En México, desde el 17 de octubre de 1953 se le da la calidad de ciudadano a hombres y mujeres, pues antes de esta fecha solo eran considerados como tal los hombres; al respecto, nuestra Constitución Política en su Artículo 34 establece que, “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años y
II. Tener un modo honesto de vivir”.
Luego entonces, podemos decir que ciudadano mexicano es toda persona física, mayor de edad que no se encuentre en estado de suspensión de garantías individuales por haber cometido un delito y, además, el tener la calidad de ciudadano implica derechos y obligaciones establecidos no sólo en la Constitución, sino también en las leyes electorales, tanto en la federal como en las estatales.
Así, el Artículo 35 Constitucional establece que “son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.
El COFIPE en sus Artículos 4 al 6 establece los derechos y obligaciones que los ciudadanos mexicanos tienen y reglamenta de alguna manera el Artículo 34 constitucional al establecer que además de los requisitos allí citados para ejercer el derecho a votar, es necesario estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar vigente y votar en la demarcación territorial que le corresponde por su domicilio.
En consecuencia, estimado lector, como ciudadanos al asumir el derecho de participar en la vida política del país ya sea por medio del voto o formando agrupaciones políticas, debemos antes del día de la elección, conocer las plataformas políticas e ideológicas de todos los partidos políticos registrados, para así realmente tener todos los elementos necesarios para decidir quién habrá de encabezar la planeación y ejecución de las políticas públicas emanadas del Poder Ejecutivo, así como de quiénes habrán de representarnos en el Poder Legislativo.
Dentro de nuestro sistema democrático de partidos, el voto representa un momento fundamental de control ciudadano sobre la clase política, en donde las elecciones cumplirían con los siguientes preceptos:
Legitimación del sistema político y del gobierno de un partido o coalición de partidos; expresión de confianza en personas y partidos; representación de opiniones e intereses del electorado; ajuste de las instituciones conforme a las preferencias del electorado; oportunidad de un cambio de gobierno; así como la integración de la pluralidad social y respeto a la decisión de las mayorías.
Y, después de los comicios, el papel ciudadano a través de la sociedad organizada, deberá incidir para que los votos emitidos en las urnas que definirán a quienes resulten ganadores a cargos de elección popular, respondan efectivamente en los actos de gobierno y en el quehacer legislativo, a la demanda y al mandato dado por la ciudadanía.
Bajo una nueva perspectiva, en donde no se considere a los ciudadanos solo cada tres o seis años, en tiempos electorales, sino que se acepte que somos ciudadanos plenos todos los días del año, para que los asuntos públicos sean asumidos de manera corresponsable entre los gobernantes y los ciudadanos.
Estimado lector, considero que ello desarrollaría una nueva etapa sustentada cotidianamente en una ética social, con valores de tolerancia, respeto, transparencia y rendición de cuentas y equidad ante la ley, con el sano propósito de reconstruir las relaciones de confianza entre gobernantes y ciudadanía. ¿No lo cree usted así?
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