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Considerando que México tiene 58.5 millones de personas en pobreza, en donde la combinación de un bajo crecimiento económico y alto desempleo, aunado al alza de precios en productos y servicios básicos, pérdida del poder adquisitivo, baja productividad y precaria seguridad pública, son factores que actualmente enfrentan a un gran número de mexicanos a vivir en una desigualdad persistente y profunda, nos conlleva a señalar que la política social de los gobiernos de la alternancia ha fracasado.
Refiero lo anterior, porque la semana pasada comentaba que ante el proceso electoral que estamos viviendo, la sociedad nos está expresando su simpatía, en consecuencia, la responsabilidad del PRI y de quienes son y serán sus candidatos para un puesto de elección popular es muy grande, ello nos obliga a responderle con propuestas claras sobre el rumbo que queremos darle a nuestro país.
Bajo este contexto y, particularmente, en la búsqueda de un desarrollo social sustentable, nuestra Plataforma Electoral Federal, en donde están presentes las ideas de Enrique Peña Nieto, las de todo el priismo y las que formuló la ciudadanía, contempla como prioridad el establecimiento de una nueva política social.
En tal sentido, estimado lector, en esta ocasión me permitiré destacar lo que al respecto se encuentra contenido en nuestra plataforma política:
Se impulsará una reforma institucional que, coordinada con la política económica, establezca una nueva visión e instrumentos eficaces para asegurar que el Estado retome su responsabilidad para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los derechos sociales.
El acceso universal debe ser la base para la efectiva aplicación de los derechos que consagra la Constitución, así como su exigibilidad jurídica, solo así se logrará revertir la alarmante exclusión social que no ha podido resolver la actual política social, no obstante los enormes recursos de que ha dispuesto.
Además, con el establecimiento de políticas públicas universales, estaremos en posibilidad de erradicar la tendencia de cualquier orden de gobierno, de utilizar los programas sociales como un instrumento electoral.
Aplicaremos una política social participativa, en la que los ciudadanos sean considerados en la formulación, diseño y ordenación de los programas y, sobre todo, en las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados, con el propósito de asegurar el acceso de todo mexicano a servicios de salud y seguridad social, a través de lo siguiente: 1.- Atención médica asegurada por el solo hecho de ser mexicanos y sin ningún otro requisito; 2.- Pensión universal para los adultos mayores; 3.- Ingreso mínimo asegurado en caso de desempleo y 4.- Seguro por riesgo de trabajo.
Por lo tanto, para asegurar la exigibilidad jurídica de derechos, el ejercicio descentralizado del gasto, el desempeño federalista de los delegados en las entidades federativas y los municipios, la evaluación autónoma de los programas, la transparencia del gasto, la organización social y la participación ciudadana, se hará una profunda transformación de la Secretaría de Desarrollo Social.
En ese rediseño buscaremos garantizar que cumpla con su misión de coordinación de la política de desarrollo social, de combate a la pobreza, ordenamiento del territorio y desarrollo humano, con respeto pleno a la soberanía de los estados, a la autonomía y atribuciones de los municipios, en la más elevada consideración a la participación ciudadana y la organización social.
Se impulsará la consolidación de la autonomía del Coneval, a fin de asegurar la independencia de la evaluación de los programas sociales.
Se promoverá el fortalecimiento institucional de los municipios a fin de que sean ellos quienes realicen las acciones de infraestructura social básica, dejando atrás la competencia y duplicidad de funciones con la Federación.
Estimado lector, por razones de espacio continuaré con el tema la próxima semana.
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