|
El pasado 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo esta conducta como “todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
Desde entonces, en las democracias del mundo se han realizado esfuerzos notables para ir avanzando en la eliminación de este fenómeno, que sin duda tiene su origen en una terrible carga cultural machista en casi todos los países. Activistas internacionales estiman que una de cada cuatro mujeres ha sido violentada en algún momento de su vida.
Para dar pie a este cambio cultural, mis estimados nueve lectores, en nuestro país se han creado leyes específicas: Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley sobre Trata de Personas y, en febrero de 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un instrumento jurídico que ha venido a dar soporte a las demandas de protección hacia la mujer.
Hace unos pocos días, fue recibida en el Senado de la República la minuta de la Cámara de Diputados que contiene algunas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que buscan dar más agilidad a las llamadas “órdenes de protección de emergencia”. De aprobarse, significará que dichas órdenes de emergencia deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes (y no en 24, como es actualmente) al conocimiento de los hechos denunciados y tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas.
El artículo 27 de esta ley precisa que las “órdenes de protección” son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán ser otorgadas por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
La minuta que analizaremos en el Senado también establece reformar el artículo 29 para que la desocupación por parte del agresor del domicilio de la víctima y la prohibición de acercarse a ella sean “inmediatas”.
Hoy en día, pese a todos estos esfuerzos, sigue existiendo una brecha importante entre hombres y mujeres. Quiero retomar unos datos interesantes que mi amiga Norma Nolasco, una incansable luchadora social en pro de la mujer, publica en su blog, a propósito de esta conmemoración: de acuerdo con indicadores de género realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres en Guanajuato participan en la matrícula escolar con una tasa de 60 por ciento, contra el 65 por ciento de los varones; la tasa de alfabetización también es negativa en ellas, pero lo más grave es la desigualdad económica: en promedio, en el mundo laboral, una mujer gana un 39 por ciento de lo que gana un hombre.
Necesitamos que en Guanajuato la mujer sea el eje de las políticas públicas. Creemos que la creación de empresas familiares y sociedades cooperativas en las comunidades del estado generará los ingresos que necesitan las familias y evitar así la migración que destruye y separa familias; el papel de las mujeres en estos proyectos de economía social que estaremos empujando es de vital importancia. Su espíritu emprendedor es insuperable y como jefas de empresa han demostrado que saben cuidar de los recursos y del patrimonio familiar.
También queremos que las mujeres sean el alma y corazón de nuestra política educativa. Que sean ellas, las jefas de familia, las que reciban y administren las becas y todos los apoyos educativos que aporte el Estado.
Amigos, desde la ley y con nuestras propuestas, estamos contribuyendo, con nuestro granito de arena, a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero creo que la tarea más importante es la formación de los valores desde el seno de las familias. Es enseñar a nuestros hijos, sobrinos o nietos, con nuestro ejemplo, el respeto a nuestros semejantes, el respeto hacia las mujeres, a los niños, a nuestros ancianos.
Promovamos una sana convivencia a partir del respeto a la dignidad de la persona.
Sigamos trabajando por las mujeres.
www.torresorigel.mx
Sígueme en Facebook y Twitter |
